24-03-2022 

El Mercurio  

Claves para impulsar la desalinización

Expertos destacan que es fundamental contar con reglas claras, costos accesibles y que la tecnología se desarrolle en armonía con el medio ambiente y las comunidades.

Frente a la prolongada sequía que vive la región y cuyas consecuencias comienzan a agudizarse con, incluso, la amenaza del racionamiento en zonas urbanas, abordar la alternativa de la desalinización del agua ya parece ineludible. Sin embargo, hay varias dudas al respecto que van desde los costos hasta los niveles de La desalinización está ganando terreno como una fuente alternativa para contribuir a la seguridad hídrica del país. No obstante, es necesario abordar los desafíos relevantes para que la desalinización pueda desplegar su potencial en nuestro país. El Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC explica que la integración de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética han sido los principales ejes de las investigaciones sobre desalinización y que hoy es importante darle prioridad a los aspectos socio-políticos y regulatorios necesarios para ejecutar los proyectos.

En este contexto, expertos del Centro, como Daniela Rivera, Guillermo Donoso, Oscar Melo y María Molinos, destacan que es fundamental contar con un marco jurídico, institucional y financiero que haga viable y sostenible su desarrollo. Una visión similar tiene Pedro Pablo Ballivian, abogado de Barros & Errázuriz, quien afirma que el principal obstáculo para el desarrollo de proyectos de desalación en Chile es la falta de una regulación clara y específica para la industria, ya que se desarrollan a partir de normativa dispersa que existe para otras materias. ‘Lo anterior lleva a tiempos excesivos de tramitación de permisos y derechos de uso de suelo para la instalación de la infraestructura’, explica. Por su parte, Agustín Martorell, abogado del Estudio Prieto, señala que todavía falta aportar certeza en temas esenciales, como los derechos que tienen los titulares sobre el agua desalinizada, la planificación territorial del borde costero y cómo se relacionan los proyectos de usos distintos de la minería o el esquema tarifario del agua desalada para el consumo humano. Actualmente, las normas que rigen el desarrollo de una planta desalinizadora y la naturaleza jurídica del agua desalada están en el Código Civil, en la Ley y reglamento de concesiones marítimas y en la normativa ambiental.

Cada uno responde a lógicas sectoriales distintas. Desde el centro de estudios comentan que hay diversos proyectos de ley en tramitación en esta materia. Explican que, en el último tiempo, el debate ha estado centrado en el proyecto ingresado en el año 2018, que se focaliza en reafirmar el carácter de bien nacional de uso público de todas las aguas, incluidas las que se encuentran en el mar adyacente al territorio nacional, respecto a las cuales se explicita la posibilidad de solicitar concesiones marítima. Ello habilitará al concesionario para extraer, desalinizar, distribuir y utilizar el agua obtenida por un plazo y volumen determinados. Además, el proyecto alude a la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización, la cual precisa que la instalación de plantas de desalinización siempre deberá someterse a evaluación ambiental.

¿Cómo avanzar en regulación?

Según Pedro Pablo Ballivian, es necesario que se otorgue seguridad jurídica a los desarrolladores de proyectos de desalación y que, al mismo tiempo, se proteja debidamente el medio ambiente y se cuide la sostenibilidad con las comunidades. Agustín Martorell agrega que se requiere un sistema concesional que contenga derechos y obligaciones claras, que aborde el acceso al suelo, el sistema de determinación de indemnizaciones a los dueños de los terrenos y el derecho a explotar el recurso, entre otros.

Además, destaca que es necesario contar con una autoridad dotada de los recursos suficientes para llevar a cabo esta labor de la manera más rápida posible, debido a la urgencia del tema. Por su parte, desde el centro de estudios, los expertos proponen tres puntos claves a la hora de trabajar en un marco regulatorio. En primer lugar, destacan la necesidad de propiciar un ordenamiento sistémico e integrado del uso de agua de mar en general y, particularmente de la desalinización, resguardando su viabilidad jurídica, institucional, ambiental, económica y social. En segundo lugar, recalcan la importancia de considerar la situación de cada cuenca hidrográfica. Por último, se refieren a la relevancia de incorporar una visión de adaptación al estrés hídrico para facilitar la inclusión de una perspectiva integral en su regulación.

Carlos Foxley, presidente de Acades, añade la importancia de que el nuevo marco regulatorio fomente el desarrollo de proyectos, tanto públicos como privados, pues se requiere un esfuerzo conjunto de toda la sociedad chilena dada la envergadura del desafío. Además, resalta la necesidad de avanzar en reglas transitorias para acelerar los plazos de los nuevos proyectos porque el cambio climático y los casi catorce años continuos de sequía en la zona centro norte de Chile nos obligan a obtener nuevas fuentes de agua dulce a la brevedad.