Gobierno acoge crear concesiones especiales para las desaladoras

Ejecutivo ingresó indicación sustitutiva a proyecto de ley, lo que fue bien recibido en general por Acades.
El Mercurio

Ante la severa sequía que afecta a algunas regiones del país, especialmente en el norte, la construcción de desaladoras surge como una solución para el abastecer el consumo humano e industrial. Pero su desarrollo puede tardar hasta casi 12 años, según cálculos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

A la vez, en Chile no existe una regulación específica para la actividad de desalinización de agua de mar. El desarrollo de esta industria ha sido inorgánico o no coordinado previamente respecto a la disponibilidad de suelo costero y los requerimientos hídricos de distintos usos o actividades.

En este escenario, el Gobierno ingresó al Congreso una indicación sustitutiva al proyecto de ley sobre uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11.608-09), moción parlamentaria que inició su trámite en 2018. El documento, firmado por el Presidente Gabriel Boric y los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Defensa, Maya Fernández, y de Obras Públicas, Jessica López, “busca que el marco institucional pueda brindar mayor certidumbre a la totalidad de actores involucrados, incluyendo inversionistas, titulares, comunidades y la ciudadanía en general”. Su contenido será expuesto por el MOP hoy ante la comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado.

Los contenidos

Las indicaciones contemplan tres elementos principales para el desarrollo sostenible de la desalinización. El primero es la creación de una concesión marítima especial, denominada “concesión o destinación de desalinización de agua de mar”, la cual es otorgada por 30 años renovables, habilitando el desarrollo de obras y la solicitud de servidumbres legales. Añade el pronunciamiento de la Dirección General de Aguas (DGA), con una mirada de planificación del recurso hídrico, de cuenca y evaluación del carácter multipropósito de la planta. Habilita al organismo la respectiva fiscalización y sanción.

En segundo lugar, se busca la elaboración de una Estrategia Nacional de Desalinización, con la participación de distintos actores públicos y privados. Asimismo —tercer aspecto—, se crea una servidumbre legal de desalinización para la conducción de las aguas, constituida por acuerdo o judicialmente, señala una minuta del MOP.

Se precisa la caducidad de las concesiones, por ejemplo, si a los 180 días de entregada la concesión no parten las obras, salvo que se requiera de permisos o se tramite la resolución de calificación ambiental.

“La actividad de desalinización no tiene una regulación marco que la configure, otorgue incentivos, establezca señales de localización de los proyectos ni propenda al desarrollo sustentable de la actividad”, indicó Jessica López. “La indicación sustitutiva presentada busca avanzar en establecer dicha regulación, con la creación de una concesión especial, servidumbres y el establecimiento de una Estrategia Nacional de Desalinización”, agregó.

La ministra explicó que la concesión especial marítima de desalinización de agua de mar “aplica para cualquier tipo de proyecto de desalinización, sin importar el propósito, tamaño o lugar”, pero “se establece que aquellas plantas para fines meramente productivos deberán, en la medida en que se compruebe la necesidad, hacer un aporte de hasta un 5% de sus aguas desalinizadas como resguardo para el consumo humano”.

Reacción de privados

El presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), Carlos Foxley, celebró el envío del proyecto al Senado. Afirmó que “da más certidumbre” e indicó que recoge “varias de las cosas que debemos mejorar para enfrentar la crisis climática”.

Foxley destacó la propuesta en materia de servidumbres para las tuberías que transportan el agua, ya que sin derechos de pasos, se encarecen los proyectos. Asimismo, valoró que se permita la tramitación de la solicitud de concesión en paralelo con el proceso de evaluación ambiental. Sin embargo, advirtió que se debe revisar el plazo de 180 días para el inicio de las obras. “Es poco realista”, dijo.

Comentó que en el país existen 26 desaladoras operando con capacidad mayor a 20 litros por segundo. Asimismo, están en construcción otras cuatro que suman 3.000 litros por segundo, un tercio de la capacidad instalada actual.