Desalinización: las claves legales que se requieren para el despegue de la industria

La desalinización se perfila como la gran alternativa para enfrentar la crisis climática que hoy, según un documento reciente de la Dirección General de Aguas, tiene a más del 50% de las comunas del país en estado de escasez hídrica. En el último tiempo, la tecnología ha sido impulsada por compañías mineras con la construcción de plantas desaladoras que vienen a resolver un problema crítico en ese sector, pero desarrollarla como una industria -para que se reconozca el uso del agua de mar como un servicio público- es uno de los objetivos de la Asociación Chilena de Desalinización (Acades).

Para eso, el gremio creado el año pasado, ha focalizado sus esfuerzos en mostrar el potencial y en recopilar información útil para la autoridad, la academia y distintos grupos interesados en su impacto. Pero un punto clave, y en el que trabajan en paralelo, es promover el desarrollo de un marco legal para poder impulsar la industria. ¿Por qué el marco jurídico es tan importante? Cuatro expertos lo explican.

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Francisco de la Barra, director de Acades y socio de Barros & Errázuriz, dice que la importancia de desarrollar un marco legal y regulatorio, que actualmente es inexistente, radica en que permitirá «tener reglas claras, con los derechos y obligaciones que ello implica». Es urgente, pues señala que la demanda de agua en Chile seguirá incrementándose a medida que el país siga desarrollándose y aumentando su población, mientras que la oferta de agua continental seguirá disminuyendo debido al cambio climático. «Como país, eso nos obliga a ser ingeniosos y buscar fuentes alternativas de agua, y entre ellas la desalinización y el reúso aparecen como una de las principales opciones disponibles. Por eso, en el corto plazo tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en colaborar con la seguridad hídrica para consumo humano y el saneamiento, pero también apoyar el desarrollo de proyectos que liberen enorme cantidad de aguas continentales que beneficien a comunidades y al desarrollo de la agricultura», señala sobre lo que a sus ojos requiere de un esfuerzo colectivo: «Necesitamos el apoyo del Estado, de la academia, de las comunidades en donde los proyectos se desarrollan, y vemos un enorme interés de todos en hacerlo».

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La certeza jurídica y las garantías que los potenciales interesados necesitan para invertir en esta industria es uno de los factores clave a trabajar y definir, desde la visión de Sebastián Pérez-Cotapos, socio de Montt Pérez-Cotapos Abogados.

«Esto va más allá de si el agua desalada o la actividad de desalinización será de carácter público o privado en una eventual futura ley, ya que eso no basta para tomar una decisión. Lo importante aquí es tener claridad sobre si el inversionista o interesado podrá tener propiedad, o un derecho de uso y goce (específico o general), un permiso, o una concesión, estableciendo claramente sus reglas de otorgamiento, condiciones, temporalidad y eventual revocabilidad», explica. Algo que solo puede lograrse con un marco legal «claro, robusto e integrado con otras leyes aplicables al desarrollo de esta actividad», agrega.

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Emilia Valenzuela, asociada de Prieto Abogados, coincide en que la clave está en generar un marco regulatorio «claro y unificado» que facilite el desarrollo de proyectos, especialmente porque hoy existe un «alto grado de dispersión» normativa que dificulta su desarrollo. La abogada señala que para avanzar en esa línea es necesario «diseñar un esquema que unifique y defina claramente las competencias en el otorgamiento de derechos de acceso a terrenos, el tratamiento que deben tener en el contexto de su evaluación ambiental, su compatibilidad con los usos territoriales y el tratamiento jurídico que recibirá el agua desalada».

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Contar con un sistema de evaluación ambiental que permita un pronunciamiento en plazos más breves que los actuales es donde pone el foco Mario Calderón, gerente de Medio Ambiente de Aguas Nuevas. «Actualmente, entre la tramitación ambiental y la construcción posterior, que por lo demás requiere de una serie de permisos sectoriales adicionales, pueden pasar siete años», subraya. Otro punto que a su juicio es relevante tiene que ver con conformar un sistema de tramitación de concesiones marítimas «más expedito» y que permita autorizaciones que conversen con los plazos en los cuales se espera realizar determinado proyecto. También dice que es importante mejorar la legislación actual, «a fin de que existan mecanismos para obtener servidumbres u otros permisos para asegurar las instalaciones de conducciones, sin que dependan de otras disposiciones sectoriales según la actividad a la cual acceden». Y añade que el borrador de la nueva Constitución abre «muchas interrogantes» de cara a nuevos proyectos: «La actual definición de las aguas indicada en el texto, sin distinción alguna respecto al tipo, el carácter de incomerciable de las mismas y los derechos que determinados grupos tendrán por sobre el resto para su uso, hacen que actualmente existan más dudas que certezas y eso ciertamente merma cualquier incentivo de inversión».