Plantas Desaladoras: ¿Solución para un Chile a cuenta gotas?

«La gente está usando el agua como si aquí no hubiese un problema», dijo hasta hace poco el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, tras anunciar que se encuentra analizando los datos y métodos para aplicar un racionamiento de agua en la Región, y en particular en la zona oriente, si es que en invierno no llueve otra vez, como ha sido la tónica en años anteriores.

La situación es dramática: más del 50% de las comunas están con decretos de escasez hídrica, desde Atacama hasta Aysén, es decir, casi 8 millones de personas tienen problemas serios de abastecimiento; el país arrastra 13 años de sequía; el 76% de la superficie está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado, solo por mencionar algunas cifras.

En este escenario desalentador, marcado por la megasequía que afecta al país, se ha evidenciado un creciente interés por parte del mundo público y privado para desalinizar agua de mar a través de la construcción de plantas de este tipo, con el fin de contar con el recurso hídrico, tanto para uso minero como consumo humano en gran parte de la zona centro-norte del país.

Para Diana Ewing, directora de la Asociación Chilena de Desalinización (Acades), la desalinización es una opción segura, confiable y sostenible para suministrar agua no continental, independientemente del ciclo hidrológico que enfrenta Chile.

«El 75% del agua desalada del país es utilizada en faenas mineras, siendo la gran minería pionera en incorporar esta tecnología en sus proyectos. Esta misma tecnología es una opción para el abastecimiento de agua de otras industrias, como la agricultura y sanitarias grandes, medianas y pequeñas (..) También es una infraestructura de seguridad, cuya continuidad es incluso mayor a la de otras alternativas como los reservorios, mega estanques y embalses», afirma.

Hoy existen, al menos, 25 plantas en Chile que abastecen a pequeñas comunidades, y hay seis desaladoras multipropósito en proyecto, que comprenden una gran planta que permite abastecer a sanitarias, mineras, industrias y agricultura.

En tanto, en Tocopilla y Mejillones ya el 100% del agua que consume la población es obtenida del mar; en Antofagasta el 85%, y un volumen importante en Copiapó y Caldera.

Y si bien existen varios métodos de desalinización, la ósmosis inversa pareciera ser el método más efectivo y eficiente hasta ahora. Países como Arabia Saudita, Israel, Dubái y los Emiratos Árabes Unidos han estado utilizando esta alternativa que busca eliminar la salinidad del agua a través de una tecnología de membrana, y así convertirla en agua potable para satisfacer distintas necesidades.

Comparado con otros métodos, según Fernando Yanine, académico e investigador Universidad Finis Terrae, la ósmosis inversa produce menor cantidad de emisión de gases efecto invernadero y causa poco daño al ambiente marino.

«La salmuera producida en el proceso se destila primero antes de verterla al mar, lo que asegura que el ambiente marino no se vea perturbado con una mayor concentración de sal», señala y, a su vez, releva que la ósmosis inversa es capaz de recuperar una gran parte de la energía utilizada en el proceso, convirtiéndose en un método rentable de procesamiento de agua.

Aunque entre sus desventajas destaca el necesario pretratamiento, considerando que las membranas de ósmosis inversa son muy sensibles. Salvo este factor, el especialista aclara que el agua desalinizada, en general, posee la misma calidad y contiene la misma proporción de minerales y cloro que el agua potable tratada en plantas purificadoras.

COSTOS EN LA MIRA

Todo indica que el uso de desalinización de agua de mar, por parte de la minería en Chile, crecerá un 156% hacia 2030, al igual que ciertas empresas podrían aportar hasta el 25% de su agua desalinizada para uso doméstico ante la necesidad de abastecer de agua potable a una población en crecimiento. Frente al auge que está cobrando la construcción de plantas desaladoras para enfrentar la sequía y el cambio climático, vale la pena preguntarse: ¿cuán factible es el uso de esta alternativa? ¿qué limitantes dificultan la masificación de esta tecnología? ¿es la opción más apropiada para enfrentar el actual panorama de escasez?

Son diversas interrogantes, pero la que concita mayor interés es la relacionada con las barreras que impiden un mayor desarrollo de este tipo de proyectos.

Una de estas barreras es el actual costo de producción de agua desalada, el que a juicio de Maria Christina Fragkou, directora del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, es «excesivamente alto» (considerando consumo energético, filtros de recambio e insumos químicos) en comparación con los de la potabilización de aguas terrestres, superficiales o subterráneas.

Traspasar estos costos a la ciudadanía, critica la experta, puede vulnerar el derecho humano al agua, al mismo tiempo de perjudicar gravemente la seguridad hídrica de los hogares de menores ingresos. «Esto es más importante aún, si tomamos en cuenta que el costo de la producción de agua desalinizada depende del precio de los combustibles fósiles que predominan en la matriz energética del país», indica.

FALTA DE REGULACIÓN

Otra de las limitantes que visualizan desde Acades a la hora de masificar esta tecnología apunta a la falta de una regulación especial y la complejidad de las normas a nivel país.

«Tanto la inexistencia de una herramienta o título jurídico especial para el desarrollo de estas iniciativas, como la poca densidad normativa en el campo del ordenamiento territorial, medio ambiental, concesiones marítimas y tarifario, impiden que los proyectos se desarrollen con la celeridad y magnitud con que podrían hacerlo en múltiples localidades, para proporcionar la resiliencia hídrica que se necesita para enfrentar la crisis climática», argumenta Diana Ewing.

A este problema se suma que actualmente no existe un criterio estandarizado para el ingreso de proyectos desalinizadores al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), quedando sujeto al criterio del titular del proyecto, según un documento recientemente publicado por Fundación Terram.

«Se deben establecer criterios que permitan, en el corto plazo, evaluar los impactos de este tipo de proyectos en el medio marino, lo cual debiese, desde nuestra perspectiva, realizarse a través de un Estudio de Impacto Ambiental, y no solo por medio de una declaración. Hasta hoy solo el 40% lo ha hecho vía estudio, que es la manera más rigurosa de evaluar los impactos», manifestó Hernán Ramírez, investigador asociado del organismo y uno de los autores del informe. Complementando lo anterior, Elizabeth Soto, licenciada en biología marina de la entidad, resaltó la importancia de normar dónde y cómo se disponen los desechos de salmuera (que generan estos proyectos) y otros elementos nocivos para que no sean depositados directamente en el mar.

La académica de la Universidad de Chile, por su parte, va más allá. Plantea que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que haya una normativa especial para el uso del agua desalinizada para consumo humano, algo que no sucede en Chile.

En su opinión, Fragkou sostiene que a nivel nacional se aplica la normativa NCh409 para la calidad de agua potable, la cual contempla a aguas terrestres, superficiales y subterráneas, pero no el agua desalinizada.

Se trata de un aspecto relevante, ya que la normativa NCh409 define niveles máximos de concentración, pero no mínimos; puesto que el agua desalinizada se debe remineralizar, pues «si ciertos elementos no están en concentraciones suficientes, pueden causar daño a la salud a largo plazo», advierte.

Quién también ha entrado al debate ha sido la propia ministra de Minería, Marcela Hernando, abordando el tema desde un punto de vista más logístico. Durante la reciente Conferencia Mundial del Cobre, dijo que «no se debe copar de desaladoras toda la costa de las regiones productoras».

«Hay que buscar sinergias entre las propias empresas, en la industria, para que entre ellos puedan establecer flujos y coordinaciones en la inversión de plantas desaladoras. Esto, porque una planta provoca impacto, y si sumamos muchas, generará más impacto en el medioambiente», explicó, promoviendo la necesidad de invertir en infraestructura compartida para desalar agua.

«EL AGUA MÁS CARA ES AQUELLA QUE NO SE TIENE»

Parafraseando a Diana Ewing, de Acades, «el agua más cara es la que no se tiene», por lo que todo parece indicar que la desalación continuará desempeñando un rol importante en el abastecimiento hídrico para la minería y el consumo humano, con expectativas de que este último uso se masifique.

De acuerdo a Juan Domínguez, gerente de Proyectos de Black & Veatch, empresa especializada en plantas desaladoras, la expectativa apunta a que baje el costo por metro cúbico, debido a la creciente necesidad de desarrollo de planta (economía de escala).

‘Esperamos que también se puedan construir plantas desalinizadoras que logren abastecer de este recurso a más de un cliente. Esto incidiría en la construcción de plantas más grandes que reducirán el costo por metro cúbico’, dice.

Para Fragkou, la desalación forma parte de una amplia gama de opciones, pero si se requiere gestionar mejor el agua, señala que existen otras alternativas que pueden resultar viables. ‘Entre ellas está la puesta en marcha de una nueva gobernanza de aguas que sea integral, participativa y justa’, comenta.

Así las cosas, de no tomarse acciones concretas, en pocos años varias de las grandes ciudades del país deberán implementar restricciones en el suministro hídrico.

El desafío, entonces, no solo está en generar políticas públicas, regulaciones y normativas que permitan instalar nuevos proyectos desalinizadores con las condiciones correspondientes, sino también en fomentar el cambio de conducta hacia un uso más eficiente del agua y el desarrollo de proyectos alternativos, como el reúso de aguas servidas. Porque cada gota cuenta y en Chile la amenaza de la sequía ya es una realidad y llegó para quedarse.