«No sacamos nada con tener interés en los inversionistas si, por el otro lado, van a llegar los pescadores a tomar las plantas»

Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), tiene el panorama clarísimo: la crisis hídrica a la que se está enfrentando el país es de carácter urgente, y si no se toman las medidas necesarias, algunos sectores de Chile podrían quedar sin agua antes de lo que se cree.

Para mitigar esta crisis, el abogado sostuvo que se debe seguir el camino que se tomó respecto a las energías renovables, y encuentra necesario salir a buscar fuentes no convencionales de agua, como las plantas desaladoras y de reúso.

‘Hoy existe una brecha importante que cubrir en la capacidad instalada en las plantas de este tipo, estamos al debe y por cómo van las cosas no creo que lleguemos a la meta que nos propusimos al 2030, que es llegar a producir 20 mil litros de agua por segundo. Necesitamos cambios porque sin agua no hay nada’, señaló el representante gremial.

– ¿Qué cambios necesita Chile para impulsar aún más la construcción de plantas desaladoras?

– Yo diría que, al menos, dos. El primero, tiene que ver con el marco regulatorio. Ahora hay dos proyectos de ley incipientes que están en la comisión de Recursos Hídricos del Senado, y creo que podemos esperar a que el próximo año tengan luz verde, esto es algo absolutamente necesario.

El otro flanco tiene que ver con entender que los sectores opositores no entienden que, para realmente cerrar la brecha hídrica, tenemos que tener nuevas fuentes de agua, tenemos que tener desaladoras. No sacamos nada con tener interés en los inversionistas si, por el otro lado, van a llegar los pescadores a tomar las plantas. Hay que hacer un ajuste en materia de opinión pública.

– Hoy el proceso para construir una desaladora puede llegar a demorar hasta 11 años, ¿este proyecto de ley ayudaría a disminuir ese plazo?

– Sin duda. La ley busca entregar una concesión de desalación, que termina amparando el derecho. Eso va a permitir varias cosas; primero, no se va a necesitar la concesión marítima, que es uno de los grandes temas de la industria. También permite imponer servidumbres para el transporte de agua. Además, el proyecto de ley tiene una disposición transitoria que señala por ley que todos los proyectos de desalación son, por así decirlo, de utilidad pública. Entonces, esto activa el artículo de la ley ambiental que le obliga al SEA evaluarlo en la mitad del plazo.

– ¿Qué otras medidas se podrían implementar para acortar estos plazos?

– Hay una medida que nosotros hemos planteado y que es transversal: que el Gobierno realice la línea de base. Pasa mucho que se cuestiona en exceso este tema, y cuando es necesario realizar un estudio de impacto ambiental, lo primero que tienes que hacer es la línea de base, un monitoreo de la zona del área de influencia que vas a intervenir, y muchas veces ocurre que este se cuestiona al final del proceso, como pasó con Dominga y Aguas Pacífico. Eso lo podría hacer el Estado, de forma tal de generar confianza en todos los actores, porque saben que esto no lo hizo el empresario sino el Estado.

‘Nos han cerrado puertas’

– ¿Cómo evalúa el apoyo del Gobierno?

– No lo hemos sentido mucho, y de éste en particular. El tema del agua es muy sensible; entonces, tiene que moverse en una alianza público privada, que es un poco lo que está haciendo la ministra de Obras Públicas con las concesiones en el proyecto de Coquimbo. Esa es la fórmula que hay que buscar.

Lo que pasó con Aguas Pacífico es impresentable, estamos llegando a un punto en que se necesita el ejercicio de la fuerza pública para que esto realmente avance. Entonces,tiene que estar involucrado el Estado para generar confianza, nosotros hemos tenido un acercamiento y sintonía con Obras Públicas, y hay una pequeña aproximación con Agricultura, pero el resto de las carteras cero, nos han cerrado las puertas.

– Algunas desaladoras están emplazadas en terrenos fiscales, ¿es otra traba a la que se enfrentan?

– En el caso minero hay una herramienta jurídica que es la concesión minera. En el fondo, las desaladoras que son parte de un proyecto minero incluso están dentro de la RCA de éste; entonces, lo han podido hacer sin controversias. El problema está en estos nuevos proyectos multipropósitos. La única opción que hay es que cada titular tiene que tocar puerta por puerta de Bienes Nacionales, que es una traba grande.

El proyecto de ley podría agilizar este tema, aquí lo que falta es rapidez, existe acuerdo, no hay diferencias, pero lo que falta es el piso político.

– ¿Cómo se podría fortalecer este piso político?

– La crisis hídrica es urgente y acá lo que falta es liderazgo político. El Estado debe tener una posición respecto de cuál es su visión en relación a estos temas, debe convocar a la sociedad civil, a la industria, a todos los actores para iniciar un proceso donde pudiéramos llegar a un consenso del camino a seguir. El Estado debe hacer cosas como la que hizo la ministra Jessica López en Coquimbo, eso fortalece este piso.