Valoran avances en proyecto que regula la desalación de agua de mar

Las distancias que se debe transportar el agua y las barreras para su conducción encarecen el transporte aunque, que a través de servidumbres establecidas en el proyecto, será abaratarán los costos.
La Tribuna

El director jurídico de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), Jorge Bofill, comentó la indicación sustitutiva presentada por el Gobierno al proyecto de ley de desalación, que apunta a establecer un marco jurídico especializado en la extracción de agua de mar para uso y consumo. Además, dijo que impulsará el debate legislativo que permitirá, a futuro, concretar una ley que establezca organismos encargados de la materia, estableciendo servidumbres que permitan transportar del agua a menores costos.

El dirigente hizo ver que la moción ingresó a discusión legislativa en 2018 por iniciativa parlamentaria desde el Senado, cuya discusión se ha centrado en los ejes de sostenibilidad, uso del borde costero y generación de recursos hídricos.

Sin embargo, a la fecha ya hay 24 plantas desaladoras sobre 20 litros por segundo en Chile «y hasta ahora se ha hecho conforme a un marco normativo general, que es el de las concesiones marítima, no es un marco jurídico especializado».

«Cuando se presentó la solicitud de urgencia simple al proyecto de desalación, había un cambio estructural, que es que el órgano competente y que entrega la concesión es el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Bienes Nacionales», explicó Bofill.

«Hoy la sostenibilidad está a cargo del Ministerio del Medioambiente«. «Mientras más grandes son estas plantas, los costos de desalación son mucho menores», precisó.

Jorge Bofill dijo que «con la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, se establece una nueva concesión de desalación y se entrega al ministerio competente».

«Además, eso va con un informe técnico vinculante de la Dirección General de Aguas», detalló. El experto de Acades observó que «la urgencia simple sirve para promover que se dé esa discusión en la comisión, pero sin perjuicio de eso, estaba esperando el proyecto de ley».

A juicio del director jurídico del gremio, «este es un proyecto que, teniendo los consensos, debería avanzar relativamente rápido».

Sobre la conducción del agua desalada y cómo aborda el proyecto el desafío de lograr su materialización, Bofill precisó que «hoy en día no existe un marco normativo que permita hacer fácilmente esas conducciones. Este proyecto de ley establece las servidumbres, equivalente a las servidumbres eléctricas, para que se pueda hacer», destacó.

«Ya hay derecho a pasar por un terreno y se debe acordar la indemnización a los dueños del predio», dijo el experto gremial. Lo anterior «se puede hacer por mutuo acuerdo o por vía judicial». «En Chile tenemos 4.000 kilómetros de costa y la costa del interior está a 200 kilómetros de distancia, pero tenemos que sortear barreras que hacen que la conducción sea más cara que la conducción en sí», planteó Jorge Bofill.

El representante de la asociación declaró que «tenemos plantas que están en la playa, pero tenemos puntos de consumo en el valle central o en la cordillera. Todo eso es muy caro, en conducción y en energía para la propulsión del agua».

Por lo mismo, el director jurídico planteó como «necesario buscar bajar la barrera de costos de entrada», haciendo ver que «nosotros planteamos que el Estado debe desarrollar carreteras hídricas, como se hace en Israel».

Bofill rescató que «con las servidumbres los costos son más baratos, lo que hace que el valor del metro cúbico de agua sea más barato al final».

A su juicio, «la indicación sustitutiva muestra que el proyecto es mucho más maduro que el del 2018 y el proyecto de ley apunta a cumplir bien con objetivos necesarios para que los proyectos se desarrollen y cumplan con estándares ambientales». Además, sostuvo que «habrá una autoridad a cargo de que la administración de los recursos se haga de la mejor forma posible».